“Un causa penal contra proxenetas vegeta seis años en la mesa del juez”
En 2010 dos registros realizados en un club de alterne de Cabezón de la Sal la policía topa con una red de traficantes de mujeres procedentes del Este europeo para ser destinadas a la prostitución. Una de ellas, rusa, presenta denuncia y se abre un proceso penal contra los responsables. Acreditados los hechos y realizadas las pruebas el fiscal califica y pide penas que suman 81 años de prisión y una indemnización de 20.000 euros para la víctima denunciante.
No se sabe qué pasa pero el procedimiento permanece paralizado durante seis años en un ignoto agujero negro sobre las mesas del juzgado. Cuando se decide terminar la causa los delincuentes apelan a la atenuante de dilaciones indebidas acogiéndose al derecho a que los órganos judiciales resuelvan y hagan ejecutar lo resuelto en un plazo razonable. Controvertida atenuante que pretende proteger a los órganos judiciales de las irresponsabilidades de sus desidias y negligencias y proteger al reo de la llamada pena de banquillo, por el sufrimiento que padece ante la incertidumbre de lo que será de su vida cuando se dicte sentencia. Pero lo que puede ser razonable para el acusado de robo o el simple homicida no debiera aplicarse al terrorismo machista del indolente proxeneta que mientras espera la sentencia se ríe, se burla y sigue ejerciendo.
Argumentar como justificación del retraso el atasco en los juzgados por la falta de medios, cuándo estamos hablando de sufrimiento humano, no deja ser una simplificación patética e inadmisible. El artículo 24 de la Constitución, que consagra el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas, también es para la víctima, pero ésta tendrá que presentar una compleja reclamación reducida a dinero ante el Estado, mientras los funcionarios causantes de los retrasos se van de rositas y duermen plácidamente sin afectarse por los dolores que causan su dejadez y la falta de diligencia debida de todo servidor público.
La denunciante era mujer, puta y rusa, parece decir la negociación del fiscal con los seis proxenetas, les rebaja la pena inicial de 81 a 10 años de prisión entre todos y la indemnización a la víctima de 20.000 a 6.000 euros por daños morales. Han ganado la negligencia judicial y la perversión del sistema. Ha perdido la víctima, como siempre, mujer, aislada, sin idioma de comunicación, intimidada, sometida a la prostitución y ahora perseguida por chivata.
«Diario Palentino, 15/05/2016»