Si hay un indicador fiable de por dónde soplan los vientos políticos, ese es el tamaño de los corrillos periodísticos que se forman en los pasillos del Congreso y la identidad del protagonista que los concita. El que el miércoles componía una estampa circular alrededor de la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, a las puertas de la zona reservada a los miembros del Gobierno, multiplicaba con creces al que se congregó el jueves en torno al portavoz del Gobierno, José Blanco, en el patio y con estructura de paréntesis.
Para el PSOE, la campaña electoral se ha situado en el peor de los escenarios posibles, a pesar de haber logrado introducir el debate sobre la contribución de “los ricos” al sostenimiento del Estado del bienestar. Lo peor no es el efecto que pueda tener entre sus votantes el no, pero sí de Alfredo Pérez Rubalcaba a la reforma de la Constitución para introducir el principio de estabilidad presupuestaria –las encuestas apuntan a un apoyo mayoritario si se hubiera sometido a referéndum–. Ni siquiera las luchas internas para colgarse la dudosa medalla de reactivar el Impuesto sobre el Patrimonio. Lo peor es que el debate que se ha instalado en sus filas ya no es tanto sobre las opciones de ganar las próximas elecciones como sobre el alcance de la derrota. Y sabido es que la convicción de que se puede ganar es condición necesaria, aunque no suficiente, para ganar. Estados de ánimo, que dice Felipe González.
“Lo que se nos viene encima”
La línea roja para Rubalcaba está en los 130 escaños, porque quedar por debajo de ese listón equivaldría a la mayoría absoluta para el PP. Pero la derecha ya no está en ese debate. A medida que se acerca el 20-N, la euforia por la inminente recuperación del poder cede paso ante la preocupación por “lo que se nos viene encima”. Sus dirigentes son conscientes de que la situación actual es endiabladamente más compleja que la de 1996, cuando gobernaron por primera vez. Y no sólo es mucho más difícil sino que, después de otra semana al borde del precipicio, temen que aún empeore más en el tiempo que falta hasta la formación del nuevo Gobierno. Saben también que, con prácticamente todo el poder institucional en sus manos, tan peligrosa como la hidra económica es que no tendrán coartada alguna para sus errores, sobre todo si alcanzan la mayoría absoluta.
El nuevo Gobierno tomará posesión en diciembre y, si Mariano Rajoy es investido presidente por el Congreso, en enero aprobará por decreto ley un paquete de “medidas muy severas”, tanto que el PP ya da por descontado que en 2012 tendrá que enfrentarse a una huelga general. “Vosotros ocupaos de tener preparadas las medidas, que de la huelga ya me encargo yo”, ha dicho Rajoy a los suyos.
La táctica del shock
La rapidez en la aplicación de las medidas más duras se justifica en razones de carácter práctico. La fecha de las elecciones obligará al nuevo Gobierno a comenzar su mandato con unos Presupuestos prorrogados, y los nuevos, que se presentarán hacia marzo, se calcula que no estarán aprobados por el Parlamento hasta junio. Pero hay algo más y ese “algo” tiene, bajo envoltorio metodológico, un fuerte componente ideológico. Actuar con rapidez es la premisa táctica establecida por Milton Friedman, padre de la doctrina del shock que guía el capitalismo contemporáneo, para imponer de forma irreversible los cambios acordes con “las ideas que flotan en el ambiente” al socaire de la crisis. Friedman estimaba que una nueva Administración “dispone de seis a nueve meses para poner en marcha cambios legislativos importantes; si no aprovecha la oportunidad de actuar durante ese periodo concreto, no volverá a disfrutar de ocasión igual”. (La doctrina del shock, Naomi Klein, Paidós).
Todas las decisiones de José Luis Rodríguez Zapatero desde mayo de 2010 responden a un mismo objetivo: evitar la intervención económica de España y que nos descolguemos del núcleo duro de la Unión Europea, que ha sido la gran apuesta política de España desde la recuperación de la democracia. Esto es lo que justifica, según la doctrina gubernamental, decisiones como la prioridad absoluta otorgada al control del déficit público o el pacto con el PP para establecer un tope legal al endeudamiento. La derecha sostiene que, en la práctica, España está intervenida desde que empezó a comprar deuda el Banco Central Europeo, pero aun así, es radicalmente distinto el impacto económico que tiene estar intervenido de hecho o también con escarnio público, como ocurre a Grecia, Portugal e Irlanda.
El rearme socialista
Sería un grave lastre para la izquierda que el PSOE sucumba a la fácil tentación de endosar toda la culpa de la derrota al presidente del Gobierno, como ya se ha atisbado en algunas declaraciones.
Tienen acreditada los socialistas una querencia cainita para con sus dirigentes, pero competir con el PP por ver quién echa más paladas sobre la tumba política de Zapatero limitaría la imprescindible renovación de la socialdemocracia a un ajuste interno de cuentas, cuando lo imprescindible es el debate de las ideas, que el secretario general del PSOE ha ahogado durante sus años de mandato. Si los socialistas dilapidan sus energías en la lucha por los despojos del naufragio, no sólo será inviable conservar ahora el Gobierno, sino también recuperarlo en 2015.
Para los socialistas, mucho peor que la derrota será no saber qué hacer después del 20-N, como ha advertido Felipe González. Si el recuento de las urnas confirma la victoria del PP, se verán tentados a esperar que la crisis devore también al próximo Gobierno. Pero el PSOE sólo dispondrá de dos años para rearmarse en capital humano e ideológico. Si quiere volver a ganar en la siguiente convocatoria, la segunda mitad de la próxima legislatura tendría que dedicarla ya a propagar su nuevo evangelio. Y para eso hay que tenerlo.
El Gobierno que suceda al de Zapatero puede ser barrido también por la crisis, pero cabe igualmente que, si consigue abrir ventanas de esperanza, el PP bata el récord de permanencia que para el PSOE estableció González (14 años).
Que retorne el sol para las libertades ciudadanas
