“No es un tribunal del ámbito del poder judicial, y su composición es puramente política”

 Con su implacable descaro antidemocrático, el Partido Popular subordina todas las instituciones a su oculto objetivo de masacrar nuestros derechos y libertades.

El Parlamento está secuestrado, físicamente vallado e inaccesible, y lo que es peor, no se cuenta con los representantes del pueblo para nada. La excepcional figura del Real Decreto-Ley de nuestra Constitución, se considera como disposición legislativa provisional dictada por el gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad,… Pues bien, para el gobierno de Mariano Rajoy todas las urgencias acaecen los viernes en Consejo de Ministros. Solo en 2012, 26 decretos. Casualidades.

            Burlar su comparecencia en el Parlamento donde están la voz y los oídos del pueblo es la gran provocación. Hasta la prensa internacional ha entrado en liza y reclama en grandes titulares que Rajoy explique ya públicamente los escándalos que le rodean lacrando nuestra solvencia y credibilidad.

            La última “ocupación” político-institucional ha sido la del no bien denominado Tribunal Constitucional, porque ni es un tribunal del ámbito del poder judicial y su composición es puramente digital. Doce miembros llamados Magistrados, nombrados por Real Decreto a propuesta de: 4 por el Congreso, 4 por el Senado,  2 por el Gobierno y 2 por el Consejo General del Poder Judicial, entre españoles que sean Magistrados o Fiscales, Profesores de Universidad, Funcionarios públicos o Abogados. ¡Por oposición que se llama! Y además no les afecta la prohibición de pertenecer a un partido político.

            Y cuando digo órgano político, pruebe Vd. a presentar Recurso de Amparo por violación de los derechos y libertades del art. 53.2 de la Constitución. Si tiene mucha suerte se lo admiten a trámite, con más suerte en 4 ó 5 años lo estudian, y con muchísima más que suerte le dan la razón. Pero si se trata de suspender una norma andaluza que impide temporalmente el desalojo de familias de sus hogares, es el propio gobierno de España el que presenta recurso de inconstitucionalidad que se resuelve en pocos días, cuando ni tan siquiera las entidades bancarias afectadas han recurrido.

Es increíble el daño que puede hacer a un país entero un solo personaje y lo confuso que ha sido para muchos meter su papeleta en la urna.

«Diario Palentino, 21 de julio de 2013»