Ojo con lo que escribes, la cárcel te espera hambrienta
El Derecho a la libertad de expresión e información consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución, se consideró como una de las mayores conquistas para los españoles después de la caída de aquél terrorífico régimen franquista. Ahora, con el fin de protegernos contra la difusión y captación del terrorismo, principalmente yihadista, aprobamos una legislación especial que modifica algunos derechos de los presuntos incursos en esas actividades. Hasta ahí todo normal, todos los países que se sienten amenazados han aprobado medidas similares. Lo que no ocurre en esos otros países, es que los tribunales estén aplicando estas medidas excepcionales a los propios ciudadanos y por chistes que son más bien casposos y cutres que peligrosos.
Y, es que todavía quedan, o se reproducen, jueces que añoran los viejos tiempos de la intolerancia. Así ocurrió con los tuits de Zapata, tres veces causa abierta, tres veces sobreseída. Ahora se ceban con el cantante de Def Con-Dos, la Audiencia nacional lo exculpa y el Tribunal Supremo lo condena por hablar de ETA y del Grapo que ya ni existen. Me piden una pena de 2 años y 6 meses de cárcel más 3 años de libertad vigilada y 8 de inhabilitación absoluta por chistes de Carrero Blanco. Sólo eso, chistes de un dictador, dice la joven Cassandra, aterrada ante la desproporción. Mientras tanto la red se llena de respuestas: Supongo q Billy El Niño nunca ha sido juzgado porque no hizo ningún chiste de Carrero Blanco durante los 9 días q torturó a Lidia Falcón. En España sale más barato ser responsable de la muerte de 62 militares que contar un chiste sobre Carrero Blanco. Etc.
Amnistía Internacional denuncia: “El caso de Strawberry es un ejemplo de los excesos que se están cometiendo bajo las duras leyes antiterroristas de Europa”. Wall Street Journal titula: La ley antiterrorista española pone a prueba la libertad de expresión. Sin embargo, no se pone en entredicho ni se considera apología de la violencia el que exista y se financie con subvenciones públicas una Fundación Francisco Franco para exaltar la figura del más grande asesino de la Historia de España, que además viola impunemente la Ley de Secretos Oficiales al poseer documentos secretos y mientras el gobierno mantiene que el Valle de los Caídos, construido por esclavos políticos, no es un monumento franquista.
«Diario Palentino, 22/01/2017»