“17.000 niñas en España en riesgo de castración, y ¿nadie puede hacer nada?”

               Las mujeres residentes en España, de cualquier edad y condición tienen derecho a ser respetadas en su integridad física y moral. No es de recibo quedarse de brazos cruzados y alegar que en sus países de procedencia no está penado para escurrir el bulto y mirar para otro lado. La Justicia ha de ser firme e inquebrantable en esta materia. No hay disculpa para costumbres espantosas. Si no existen los cauces habrá que arbitrarlos ya, con toda urgencia, los Derechos Humanos tienen vigencia universal, cualquier mujer del mundo debe ser protegida de estas atrocidades.

               Los padres de las cuatros niñas castradas en sus vacaciones, vaya vacaciones, en Mali, son los primeros y últimos responsables del cuidado de las hijas, ni abuelos, ni despistes. Por comisión, por omisión o por negligencia en su deber de vigilancia, las niñas han sufrido una daño atroz e irreparable.

               Esos padres merecen el castigo más duro. Que caiga sobre ellos toda la fuerza de la ley penal. Si un país civilizado les ha admitido como residentes para convivir con el resto de la sociedad, será porque saben comportarse como seres civilizados. En caso contrario, y teniendo en cuenta la flaqueza de las leyes españolas para proteger a las mujeres y a los menores, lo que procede es la expulsión. Si se estableciera que todo aquél padre que consienta la ablación del clítoris de sus hijas sea inmediatamente expulsado del país, no harían falta los paños calientes que propone el Fiscal de Menores para escurrir el bulto. Educación, ya sabemos. Esos vicios tan terroríficos no pueden ser abarcados solo con la educación, requieren una amenaza acorde a su peligrosidad.

               La hija mayor que lo ha denunciado es condenada, con las otras tres, por el Sr. Fiscal, apodado Defensor del Menor, a seguir viviendo bajo el mismo techo de sus padres, porque considera que retirarles la custodia es mucho peor. Como siempre. Otra vez. Las mujeres agredidas sufren siempre doble condena, la segunda al denunciarlo. Qué horror. A ver si los hombres que legislan se aclaran. Este tipo de criminales solo entienden el idioma que practican: cárcel o expulsión. Si la costumbre fuera castrar a los niños varones ya hubieran encontrado rápidos recursos legales o pragmáticos para evitar esta violencia “costumbrista”. Habría que preguntar a los agresores: ¿Qué tal, si retomamos las costumbres medievales y les condenamos a que se les rebane la piel a tiras? Aplicando su razonamiento, así era la costumbre.

«Diario Palentino, 23 de agosto de 2015»