Discriminación Territorial

Ahora Andalucía  demostrará que se pueden hacer recortes sin desmontar el estado de bienestar

            Las formas en que se puede manifestar la discriminación son inusitadas, pero hay determinadas facetas de la organización humana en las que las diferencias no debieran existir en ninguna parte del mundo como son Educación, Sanidad y Servicios Sociales. Utopía, ya lo se, pero hay que caminar. Los tres son conceptos inalterables, imprescriptibles, inembargables porque son la clave de la justicia equitativa en toda sociedad evolucionada.

            Hoy, más modestamente nos ceñiremos a un país, el nuestro. Un reciente estudio de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, habla alto, claro y con cifras sobre lo que las distintas comunidades autónomas gastan en Servicios sociales por habitante y año: “desde 773 hasta 120 euros-, y las comunidades más endeudadas no tienen mejores prestaciones” Valencia, Canarias y Madrid, las peores. País Vasco, La Rioja y Castilla y León, las mejores. Pero en conjunto toda España dedica el 21% del PIB,  alrededor de cuatro puntos por debajo de la media europea.

            ¿En qué se traduce esta información? Pues muy fácil en la distinción por razón del territorio en el que se reside, porque a la diferente fiscalidad que afrontamos los habitantes de las distintas comunidades, provincias e incluso municipios colindantes, se añaden los diferentes niveles de prestaciones que podemos disfrutar. Eso también es discriminación.

            En principio podríamos pensar que las comunidades autónomas más endeudadas son las que mejores servicios prestan a su grupo humano. ¡Pues no! Lo más sorprendente es que una Comunidad como la Valenciana, la más endeudada de España, es la última en la cola en prestación de estos servicios (129 euros por habitante y año frente a 773 euros que invierte el País Vasco). ¡Eureka! Se acabó la demagogia.

            La conclusión a la que tenemos que llegar es muy sencilla: la cobertura de servicios a la ciudadanía no depende tanto de la riqueza de los territorios como de las decisiones políticas sobre dónde aplicar los dineros públicos. En Valencia se lo gastan en florituras, llamativos espectáculos de todo tipo y corrupción, mientras en el País Vasco lo convierten en Sanidad y Bienestar para sus ciudadanos.

            De ahí la importancia de distinguir y no caer en el tópico de “todos son iguales”, referido a los políticos. Ahora Andalucía, que no ha dejado caer el poder en manos de la Derecha, podrá demostrar que se pueden hacer recortes y adoptar importantes medidas de equilibrio sin desmontar el estado de bienestar de los andaluces.

A resultas de las recientes elecciones la menos plenipotenciaria Derecha tendrá que atarse los machos y frenar el desmantelamiento generalizado de la justicia social. Ahora hay elementos de comparación, Rajoy va a estar muy ocupado en “centrarse” y concentrase para no dispararse en los recortes de imposible explicación.

  «Periódico CARRIÓN, 1ª quincena abril 2012»

Ayuntamientos. Competencias propias y «añadidas», despoblación y financiación I.

Con este prometedor título pretendo iniciar una serie de capítulos de un tema tan confuso, complicado y difícil cual es la pervivencia de los pequeños municipios como unidad básica de organización territorial contemplada en nuestra Constitución.

Permítaseme para esta presentación, tomar prestada una somera introducción para señalar sobre todo la idea del actual Gobierno (PP) sobre el tema, como un avance de lo que parece se va a pretender: «cuatro mil ayuntamientos son económicamente inviables»

, 20/03/2012   ANTONIO MIGUEL CARMONA

El Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, señala que más de cuatro mil ayuntamientos son económicamente inviables. A partir de esa declaración una oleada contra el municipalismo recorre de nuevo España.

Los ayuntamientos, las corporaciones locales, son las administraciones más sufridas de la democracia española. Por un lado sufren, a veces con virulencia, el centralismo de unas comunidades autónomas que ponen el mismo empeño en pedir competencias al gobierno central como negárselas a las corporaciones locales.

Por este motivo podemos encontrarnos con cierta profusión administraciones municipales que tienen que asumir competencias impropias para poder cubrir las necesidades de sus habitantes. Así, a falta de una casa de niños, ante la imposibilidad de que pueda construirla quien la tiene que construir, es decir la comunidad autónoma, es el ayuntamiento quien pone en marcha el servicio.

Del mismo modo desarrollan centros de mayores y ambulatorios, todos ellos competencias autonómicas y que tienen que hacer los ayuntamientos si desean tener el servicio. Obras y servicios, gasto público, que presentan sin competencias, ante la desidia de algunas administraciones autonómicas y, sobre todo, sin la correspondiente financiación.

Financiación cuya transferencia o cesión hace que la comunidad autónoma se comporte como el ente más centralista de la historia de España. Falta por lo tanto un nuevo mapa competencial, que distribuya las cargas, redactando un catálogo de competencias impropias y reordenando la Ley de Haciendas Locales.

No le quito razón a Antonio Beteta cuando dice que hay cuatro mil municipios, diminutos la mayoría, que no pueden soportar las cargas de un gobierno municipal demasiado grande proporcionalmente al tamaño o a la población del pueblo.

Pero el problema no es ese. El problema es el de las competencias impropias, en primer lugar, funciones que convierten a los municipios en garantes afortunadamente de unas competencias que no tienen. En segundo lugar el estropicio se debe a los propios gobiernos municipales, en algunos casos, capaces de derrochar y gastar en aquellas partidas menos necesarias (como la Administración Central o la Autonómica).

Es el caso del ayuntamiento más endeudado de España, el de Madrid (PP), con 7.000 millones de euros, posiblemente de Europa, donde el dinero ha ido a parar a la tumba de los faraones. O, en la Comunidad de Madrid, si lo medimos en términos de PIB o per capita, como el municipio de Navalcarnero (PP). También los municipios de otros partidos, si bien, los que baten todos los récords son, ciertamente, los mencionados.

El déficit de los municipios tiene dos razones, señor Beteta, y usted lo sabe: la mala gestión (Madrid, Navalcarnero) o las competencias impropias. Estamos a la espera, por lo tanto, del catálogo de las mismas y, por supuesto, de la reforma de la Ley de Haciendas Locales.