Una interesante polémica vuelve cuando el Comité de Bioética pide al Ministerio de Sanidad que regule el acceso de los hijos nacidos de donantes de semen y óvulos a la información de sus padres biológicos. El rechazo viene, por supuesto, por parte de los que donan, de los padres fecundados y de las clínicas que tienen montados jugosos negocios con la reproducción humana. Un anuncio en internet dice: “Necesitamos donantes de óvulos. Descendencia Española?, una buena tarifa y todos los gastos pagados”. La compensación económica por la donación de óvulos puede oscilar entre 500-1100€, y por semen entre 30 y 50 euros, que se pagan como indemnización porque en nuestro país la ley exige que la donación sea anónima, voluntaria, no remunerada y debe procurar que el aspecto físico de los donantes se asemeje al de la pareja receptora. Las clínicas cobran entre 1.000 por cada inseminación y veinte o treinta mil o más por otros procedimientos. En España se mueven unos 600 millones de euros anuales debido al “turismo reproductivo”, clientela de países que han suprimido el anonimato, Portugal, Reino Unido, Alemania y Suecia. Según nuestra Constitución, art. 39.2, la ley posibilitará la investigación de la paternidad. Y, es que, la calidad de hijo dentro de una familia conlleva derechos y deberes mutuos. El Comité propone que al llegar a los 16 años los hijos así concebidos sean informados de su procedencia y puedan localizar a sus padres biológicos, lo que abre un camino jurídico difícil de resolver. En Holanda un médico que dirigía una clínica de reproducción humana inseminaba con su propio semen porque se veía «sano y listo», tenía que «dejar sus genes al mundo». Algunas mujeres observaron que sus hijos se parecían entre ellos y 60 lo denunciaron. Es padre biológico de 102 hijos, menuda fiesta si le reclaman derechos hereditarios.
Diario Palentino, 23, febrero, 2020
