“El primer control interno de legalidad, auténtico fastidio para muchos alcaldes”
Las primeras leyes encontradas talladas en piedra datan de unos 2000 años antes de nuestra era (P.ej: el Código de Hammurabi), sometían incluso a reyes y poderosos. Primeros límites al poderío político.
Desde la formación de las primeras villas medievales un escribano transcribía los acuerdos y conservaba los documentos del gobierno local. Su regulación posterior, constante y variada, recibió el espaldarazo en el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo de 1924, creando un estatus legal exclusivo.
Aquél Cuerpo Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros, hoy denominados Funcionarios con Habilitación Estatal, tiene funciones legales perfectamente delimitadas. Suponen el primer control interno de legalidad dentro de los órganos locales, lo cual se ha ido transformando en un auténtico fastidio para muchos alcaldes y ediles, presidentes de Juntas Vecinales, Diputaciones, Mancomunidades y demás entes locales que forman la indescriptible y perturbadora maraña de la administración local española.
Mientras los Secretarios e Interventores tuvieron la función, el deber y la responsabilidad derivados del ejercicio del veto, advertencia de ilegalidad y reparo suspensivo, por causa de prevaricaciones y malversaciones propias o impropias, a las que son tan tendentes los gobernantes en un mal entendido “hacer TODO por sus ciudadanos”, no había tantos encausados ni los delitos pasaban por la casa consistorial.
Sin embargo estos funcionarios, que por dura oposición y concurso de méritos llegaban nombrados de Madrid pero había que pagar de las arcas municipales, son vistos hoy como un obstáculo.
La FEMP y su red regional, en vez de alentar y cobijarse bajo la protección de la seguridad legal que ofrecen estos independientes sin intereses personales en su labor local, asesores legales, fedatarios públicos y del control previo de la gestión contable y financiera, los presenta como enemigos a batir; de hecho, y más en las grandes ciudades, han conseguido “elegirlos” a su gusto, sustituyendo el sistema concursal de méritos por libres designaciones o baremos específicos (lo mismo pero encubierto) convirtiéndolos en esclavos para que no emitan informes en contra de la veleidosa voluntad política, en vez de ser los garantes de la legalidad.
Si añadimos el desgobierno autonómico que no convoca oposiciones para contentar a los alcaldes con interinos a medida, que no den la lata, el caldo para las corrupciones está servido.
Conclusión, más de TRESCIENTOS políticos imputados en asuntos relacionados con “la uña”.
«Diario Palentino, 13/01/2013»
Nota de la autora: Por una vez y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo en la pretensión del gobierno de que estos funcionarios recuperen su estatuto y vuelvan a ser independientes de las entidades locales a las que sirven, volviendo al régimen anterior a la desregulación sufrida por el colectivo desde los años noventa hasta nuestros días.