«España conoce bien las consecuencias de ese principio, con la imagen aún fresca de los obispos procesionando bajo palio a un caudillo militar que ganó para ellos una incivil guerra de exterminio consagrada por Roma como «cruzada cristiana».

Interesante e ilustrada reflexión sobre el controvertido y nunca cerrado debate sobre las relaciones entre el poder civil y religioso, rescatada de Juan G.Bedoya (El País, 24.04.2009) por su permantente actualidad y al hilo del revivir del debate sobre la libertad de la mujeres a una repodución deseada :

«…Los eclesiásticos siguen apegados al principio de cuius regio, eius religio, es decir, la obligación del ciudadano de practicar la religión de su rey que se acordó para acabar con las terribles guerras de religión entre príncipes luteranos y príncipes católicos. Ahí se pusieron los cimientos de lo que se conoce como la «religión de Estado».

De entonces permanece la idea episcopal de que, como todos los españoles son católicos, el Estado debe cargar con el sostenimiento de esa confesión. Lo hace hoy con más de 4.000 millones de euros anuales en sueldos de sacerdotes y obispos y para financiar la ingente red de servicios educativos, sanitarios o de caridad de la Iglesia romana en España.

Pese a todo, los obispos creen que el Gobierno les ignora, maltrata e incluso persigue. Lo llaman «laicismo fundamentalista»: el supuesto intento de arrinconarlos en las sacristías o acallar su tradicional vocación de meterse en política. En el fondo, lo que duele a los prelados es que el Ejecutivo y las Cortes legislen con plena autonomía, sin hacer caso a las prédicas o imposiciones de la jerarquía eclesiástica. El último punto de debate es la legislación del aborto, pero antes intentaron parar la regulación de la investigación con células madre con fines terapéuticos. El nacimiento en Sevilla de un niño programado para curar a un hermano -el llamado bebé medicamento- ha sido la batalla más llamativa, en contra del sentimiento general.

El profesor Gimbernat hace este diagnóstico: «En España, la relación pecado-delito ha vuelto a adquirir actualidad con la virulenta oposición de la Iglesia a la proyectada despenalización del aborto en el sentido de la solución del plazo, tal como rige en prácticamente todos los países de la Unión Europea. La equiparación de un óvulo fecundado microscópico o que mide pocos milímetros, sin forma humana ni actividad cerebral, con una persona es consecuente con la doctrina católica de que la finalidad de todo acto sexual es la procreación. Pero para los que no creen en dicha doctrina esa equiparación es simplemente un insulto a la inteligencia. Un legislador pluralista y democrático no puede imponer los dogmas de una determinada confesión religiosa encarcelando a los que no profesan esa fe. ¿Hasta cuándo seguirá la Iglesia católica abusando de nuestra paciencia?». Leer más…