“Confesiones públicas que ponen al descubierto los verdaderos temores de quien tiene algo o mucho que ocultar”

El día uno de septiembre para comenzar bien el curso judicial, el juez Garzón, dicta un auto de investigación para elaborar un censo de desaparecidos, fusilados y muertos durante la Guerra Civil y el Franquismo. Se trata de determinar a continuación, si la Audiencia Nacional es competente para investigar estos crímenes calificados por los familiares como de «lesa humanidad». Todos sabemos que los delitos contra la humanidad no prescriben, los autores pueden ser juzgados condenados hasta el fin de sus días.

La contestación desde diversos sectores de la sociedad desemboca normalmente en confesiones públicas que ponen al descubierto los verdaderos temores de quien tiene algo o mucho que ocultar.

Desde el Partido Popular la respuesta no puede ser más sugerente, se entra directamente a atacar al Juez calificándolo de ególatra para minimizar la solvencia demostrada de un juez que pone constantemente en riesgo su vida en el cumplimiento de su función y no se arredra ante amenazas terroristas ni de ninguna otra índole.

No digamos nada del ppenoso y gangoso alegato de un Fraga decrépito, eslabón omnipresente del franquismo, que tiene mucho que callar y lo mejor que podía hacer era desaparecer del escenario público para no mancillar más la democracia conseguida por los españoles no precisamente gracias a su colaboración.

Desde la Junta de Castilla y León, otra vez el PP utiliza las instituciones de todos para hacer partido propio, y el Consejero de Presidencia al decir desde su cargo público institucional que el Auto del Juez es: «una forma de desviar la atención para que olvidemos que tenemos los bolsillos vacíos», vierte veneno activo, le acusa descaradamente de colaboracionismo con el Gobierno y atenta directamente contra el principio constitucional de independencia del poder judicial.

Por su parte desde la Conferencia Episcopal, los obispos acuden al versátil e interpretable código canónico para escudarse en que no tienen competencia para autorizar sobre el acceso a los Libros Parroquiales, así, de momento, esconden la cabeza debajo del ala de su teja a la espera de que pase la tormenta y encontrar mejor argumento para obstaculizar la investigación, y sobre todo para que nadie recuerde que fue precisamente la Iglesia católica española quien hace una década comenzó a revolver en el recuerdo de la infausta época bélica, componiendo hagiografías para promover a los altares a mártires presuntos de lo que ellos denominan los desmanes y la criminalidad de las “hordas marxistas”.

Durante cuarenta años posteriores a la Guerra Civil, el clero y los historiadores pagados por el régimen, los otros estaban boquitapados, perseguidos o exiliados, se dedicaron a elaborar la historia del bando golpista que ganó la guerra. Las lápidas de los “caídos por la patria” aún campan en muchas iglesias, aunque la mayoría de los mentados nunca supieron por qué caían ni quien les puso un arma de matar en sus manos, al igual que los que fueron sacados de sus casas y fusilados por ser fieles al gobierno democrático elegido, pasando, sin embargo, a ser en la componenda de la historia franquista, “los traidores y enemigos”.

¿Qué tiene de malo esclarecer el paradero de cientos de fusilados y hechos desaparecer por el bando franquista a partir del golpe de Estado? Los que se alzaron están todos perfectamente identificados, tienen placas funerarias, reconocimientos meritorios, nombres en las calles y su tumba propia, durante cuarenta años fueron denominados héroes, sus familias disfrutaron privilegios y prebendas.

Ahora lo que el juez quiere saber es la identidad y causas del fallecimiento, de las personas enterradas en fosas comunes desde aquel 18 de julio de 1936, irónicamente denominado «alzamiento nacional» por la banda de los golpistas. La judicatura se debe a la ciudadanía y su deber es actuar para dar respuesta a un elevado número de familias que han presentado sus denuncias por los cauces legales establecidos al efecto, que quieren rescatar los cuerpos y la memoria mancillada de sus familiares asesinados en extrañas condiciones y por, aún, más que extrañas razones.

¿Qué tiene de malo la verdad? ¿Quién la teme? Solamente el que tenga algo que ocultar. «Diario Palentino, 7 de septiembre de 2008»

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