“Los controles internos no solo protegen la legalidad del quehacer burocrático, son al mismo tiempo una garantía para los órganos decisorios”

A raíz de la reciente editorial de El País en relación con la corrupción urbanística, ahora de Estepona, un interesante párrafo rezaba así: “Como es absurdo que a fuerza de negligencia administrativa y concesiones políticas se hayan desactivado los controles internos de los municipios, como el que representaban los interventores”

Es común que los alcaldes elegidos de nuevo para un ayuntamiento la primera tarea que emprenden es, si son razonables, intentar comprender porque se encuentran con unos funcionarios, denominados Habilitados Nacionales, que no eligen, que reciben su nombramiento desde otra administración y del que dependen para todo paso que quieran dar en la pretensión de llevar a término su proyecto político. Si no son razonables, mejor ni hablamos.

El recelo mutuo está servido, tanto temen estos funcionarios municipales al resultado de las elecciones, que esperan con la maletas hechas, como miradas de reojo cursan los nuevos políticos recién llegados a quienes son el instrumento burocrático, medio, recurso y garantía de su quehacer como dirigentes.

Llevo veintiséis años en las maltratada administración local y ya conocí allá por el año 1982 la llamada “guerra de los secretarios” en el País Vasco, porque los alcaldes de aquellas tierras, en la recién estrenada democracia, se negaban airadamente a dar posesión de sus cargos a estos funcionarios designados por Madrid, por este simple y mero hecho de la procedencia de su nombramiento. Todavía hoy el debate no está clarificado. Desde la FEMP, el grupo de los grandes municipios ha ido diluyendo ésta figura independiente y por tanto garante de la legalidad, que tiene su función en el servicio a los ciudadanos y no en hacer la vista gorda a prácticas más o menos confusas en la política municipal.

Primero se inventaron los baremos específicos, que son libres designaciones encubiertas, con trajes hechos a la medida del que se los va a poner. Después abierta y llanamente se aplicó sin recato la figura de las libres designaciones en puestos estrictamente funcionariales, no de confianza, sino de gestión administrativa pura y dura, para la tramitación de expedientes de importante transcendencia y riesgo que requieren una independencia y una preparación excepcionales.

Es cierto, como en todos los colectivos, que también hay ranas y desastres, por supuesto, en todos lo gremios hay especímenes que avergüenzan a sus congéneres. También cuando el intrusismo se convierte en una mala costumbre y se hacen llamar secretarios o interventores, interinos sin preparación ni conciencia profesional que seguramente son del gusto de los alcaldes que los contratan pero dejan muy en entredicho la solvencia de una profesión creada como garantía del buen hacer y rigor jurídico.

La municipalidad es la piedra de choque que recibe todas las demandas de los ciudadanos, los políticos locales se sienten presionados por sus gentes y abandonados, cuando no denostados por las otras administraciones que se quedan los recursos que habrían de ir a parar directamente a los consistorios. En éste controvertido debate la solución es buscar respuestas rápidas y de efecto, pero los controles jurídicos internos entorpecen estas prontas salidas de corto plazo y prolongan la agonía del descontento ciudadano, normalmente alentado por los grupos de la oposición y utilizado por la prensa como el pan nuestro de cada día. Como es normal la solución vuele a ser matar al mensajero.

Los controles internos no solo protegen la legalidad del quehacer burocrático, son al mismo tiempo una garantía para los órganos decisorios. Ningún alcalde será condenado por atenerse en su resolución al informe jurídico del secretario de la corporación, y por el otro lado, un funcionario cuyo puesto no depende de quien pretende un informe amañado, aunque sí sus complementos salariales, tiene más fácil el camino de la honestidad en su trabajo que si pende sobre su cabeza el pan de sus hijos.

Cada día se está dando en mayor medida la judicialización de la vida local, cada día aumentan las reclamaciones que los ciudadanos presentan en vía judicial ante el presunto menoscabo de sus intereses a causa de resoluciones administrativas. Algunas sentencias pueden provocar la ruina presupuestaria en un pequeño municipio. De hacer o no hacer, de hacerlo bien o mal depende por un lado el buen asesoramiento y tramitación, por otro de la decisión política.«Diario Palentino, 29 de junio de 2008» www.elisadocio.com