Las enmiendas, aprobadas este fin de semana en los congresos provinciales, han sido impulsadas por las militantes y secretarias de igualdad y solicitan una nueva legislación que garantice además, la equidad territorial y la seguridad jurídica tanto de las mujeres como de los profesionales sanitarios que trabajan en las clínicas abortistas.

Mociones en las que se afirma que la ley tiene que ser revisada y actualizada para que la interrupción voluntaria del embarazo sea reconocido como un derecho de las mujeres a decidir libremente. La enmienda más osada es la de la Federación Socialista Madrileña que pide, incluso, una ley de plazos.

Ángeles Álvarez, secretaria de Igualdad, así lo explicaba, recordando además la estrategia de acoso al que han sido sometidas las mujeres en Madrid en los últimos meses. «Madrid es una comunidad que ha sufrido en estos últimos meses una estrategia de acoso sistemático de las mujeres que han ejercido el derecho de interrupir el embarazo. Apostamos en la enmienda por un camino en el marco de la estrategia que ya se marcó sobre la salud sexual y reproductiva y que está incluida en el programa electoral socialista.»