«Una profesionalización política que conlleva a un deseo de continuidad, una especie de avidez en al vida cotidiana que no ayuda a crear un clima apropiado»

Un debate tan difícil como interesante es el que se está reabriendo en el seno de la sociedad española desde que han comenzado a constituirse las corporaciones locales surgidas de la última consulta electoral. ¿Tienen o no que cobrar los políticos? y ¿Cuánto…?

El asunto no es reciente ni tiene fácil solución. Es un tema recurrente que vuelve una y otra vez a la palestra, sobre todo porque los políticos son, por encima de todo, «servidores públicos» que ejercen un mandato ciudadano por un periodo de tiempo determinado. En función de éste encargo perciben una retribución por los trabajos prestados a la comunidad, de modo que sus sueldos están pagados con dineros públicos que salen de los bolsillos de los ciudadanos, y no hay que confundir «dinero de todos» con «dinero de nadie». Al ser de «todos» es lógico que «todos» quieran o queramos saber cuánto y opinar sobre si la remuneración es razonable, excesiva o escasa.

Ya los pensadores clásicos griegos pusieron sobre la mesa la cuestión de si los gobernantes debían o no disponer de riquezas. Las opiniones, como siempre y más en asuntos pecuniarios no fueron pacíficas. Desde considerar que los gobernantes deberían disponer de recursos sobrados para  poder prescindir de la necesidad de  preocuparse del sustento y dedicar así todo su tiempo a los asuntos de la «polis», hasta razonar que «la clase de los guerreros o auxiliares (militares y políticos), por el contrario, no puede tener acceso a la riqueza, para evitar la tentación de defender sus intereses privados en lugar de los intereses colectivos» (Platón).

Recientemente, Jesús Quijano en su «Vida y Política» reflexiona sobre la profesionalización de la vida política procedente del momento de la transición «cantidad de puestos que se van cubriendo como se puede con personas que no tienen arreglado lo anterior y que acceden a la política como una ocupación, cuando no como primera o única ocupación… fomentando una profesionalización política que conlleva a un deseo de continuidad, una especie de avidez en la vida cotidiana que no ayuda  ni a crear un clima apropiado, favorable a procesos de renovación, ni serenidad para tomar ciertas decisiones», » En los países europeos la gente llega a la política con más edad, más recorrido, asentados profesionalmente. En España es muy difícil que personas de esta condición acepten participar»

Una crítica mucho más dura y radical es la que hace el inquieto Joaquín Leguina al prologar «El Estado Fragmentado» de Francisco Sosa Wagner, «El desprecio por el pensamiento y la academia, la endogamia política y unos curricula poco presentables, donde brillan por su ausencia las experiencias laborales ajenas a la política, esas que exigen cotizar a la Seguridad Social por cuenta propia o ajena, forman un entramado  que no anuncia, a mi juicio, sino males».

Por su parte Izquierda Unida, ¿cobra donde gobierna lo que dice cobren otros? Con todos mis respetos tiene fácil su discurso porque, por desgracia, no tiene muchos cargos en los que tener que decidir sobre remuneraciones, pero allí donde gobiernan su discurso deja de ser ortodoxo y entra en incoherencia.

La derecha española, por su parte lo tiene tan claro que ni discute, aprueba remuneraciones del tamaño que sea sin despeinarse y con el pleno convencimiento de que los ciudadanos olvidarán enseguida las descomunales cifras. Una vez más la práctica del viejo juego de que la gente no tiene memoria y solo recuerda el último titular impactante. Su argumento es que quien tiene buen sueldo sucumbe a menos tentaciones, es decir, el cuantum de moral depende del cuantum de dinero.

La cuestión es tan compleja como múltiple: ¿Debería exigirse una profesión propia y previa a los servidores públicos o habrá a partir de ahora políticos en las listas del desempleo esperando que alguien les ofrezca un cargo? ¿Deberán establecerse unos criterios objetivos en relación con el trabajo, número de habitantes, características del ayuntamiento o diputación, etc.? ¿Se podría poner como referencia un porcentaje a mayores sobre las remuneraciones propias del trabajo de procedencia: un poco más que en su trabajo, mucho más, algo menos? y ¿Los que no tiene trabajo alguno? ¿Y los que ya cobran una buena jubilación?

El debate está servido y tiene una importante conexión con la limpieza moral y el prestigio de la dedicación política y de los políticos. Sería conveniente hacer un repaso en profundidad y llegar a alguna conclusión honrosa en este tema. «Diario Palentino, 29 de julio de 2007»