«Es la Diputación quien debe proveer el asesoramiento y ayuda técnica necesarias para el cumplimiento de las funciones de todos los entes locales de la provincia»

¡Eureka! ¡Por fin la Junta de Castilla y León descubre las Juntas Vecinales de las Entidades Locales Menores existentes en su territorio! Ni sus habitantes ni los secretarios de los ayuntamientos respectivos pensaban que esto podría ya suceder después de tantos años de  «¿funcionamiento?»  de la comunidad autónoma.

Y aunque la entrada de las autoridades en el tema ha sido como la de un elefante en una cacharrería, al menos se han dado por enterados de que existen esos entes locales, tan numerosos como invisibles y alejados de la administración autonómica por años luz de distancia burocrática.

La Junta de Castilla y León las define en su web: «Entidades Locales cuyo ámbito territorial es inferior al municipio, con determinadas competencias sobre su patrimonio y la posibilidad de que le delegue otras el Ayuntamiento en el que se integra«. Pues en nuestra comunidad hay nada más y nada menos que dos mil doscientas treinta y seis (2.236) repartidas entre las nueve provincias, con mayor concentración en las del norte (León: 1240; Burgos: 650; Palencia: 228, etc.).

Están regidas y representadas por un alcalde que se elige por sufragio universal y directo en los mismos comicios que las elecciones locales generales. Salvo que funcione como concejo abierto, es decir todos los vecinos participan directamente en las asambleas, éste alcalde se ayudará de al menos dos vocales.

La vigente legislación de régimen local otorga a las comunidades autónomas la competencia para regular éstas entidades. Y a las entidades locales la disposición sobre sus bienes patrimoniales y los comunales de los vecinos (aprovechamientos madereros y cinegéticos de los montes, cultivos, extracciones resineras, etc.) Pero el problema radica en su falta de infraestructura administrativa. Salvo excepciones de virtuoso funcionamiento, las juntas vecinales regentan entidades locales menores de muy escasa población, aunque el patrimonio puede ser importante, y sufren la carencia más absoluta de apoyo cualificado en la gestión. Así, como buenamente entienden, hacen «expedientes de contratación», a veces por importantes sumas de dinero, según leal saber, entender y muy buena voluntad del propio alcalde o algún voluntario «entendido», o si no «como se ha hecho siempre, poniéndolo en el cartillón y que vengan a pedirlo».

Pero a pesar de su pequeñez la ley exige unas obligaciones mínimas de transparencia: un presupuesto, una cuenta general, una liquidación, unas ordenanzas fiscales. ¿Y quien lo hace? Hubo escarceos de querer enchufárselo al secretario municipal, pero la ley no dice como una sola persona puede dar fe y asesoramiento jurídico al ayuntamiento cabecera y a todas sus juntas vecinales, cuando en la mayoría de los casos son numerosas. La Junta no tiene previsto para nada intervenir, nihilismo, abstención e indiferencia ante cualquier tema relacionado con la organización territorial de la comunidad, si acaso suprimir secretarías de ayuntamiento, como anunció el Consejero de la Presidencia en la Asamblea de la Federación Regional de Municipios y Provincias el año pasado en Valladolid.

Las cosas han ido rodando de cualquier manera durante los últimos años. En materia de comunales, la costumbre como norma de consenso ha variado y ya no hay acuerdo entre vecinos, retornados, recién llegados, etc., y ante cualquier administración de bienes públicos las leyes de contratación administrativa exigen rigor. Los órganos de fiscalización reclaman cuentas claras.

Y de pronto ¡Sorpresa!, la Junta de Castilla y León despacha «contra» las juntas vecinales requerimientos de entrega de documentación a sabiendas de que esos documentos no existen desde siempre. A sabiendas que es la propia Junta quien tiene competencias para regularlas, a sabiendas que es la Diputación quien debe proveer el asesoramiento y ayuda técnica necesarias para el cumplimiento de las funciones de todos los entes locales de la provincia, a sabiendas, o acaso en la más absoluta ignorancia de lo que se traen entre manos, mandan cartas exigiendo lo que deben saber que no está hecho. Más de un alcalde de estos pequeños núcleos se ha visto sentado en el banquillo, incluso condenado por no saber hacer bien los trámites de un contrato administrativo. ¿En qué tejado está la pelota?. «Diario Palentino, 5 de noviembre de 2006»