“El balance sobre la eficacia y eficiencia de la Diputación arroja un saldo altamente negativo, no es rentable”

Como en la fábula del parto de los montes, que después de mucho estruendo parieron un ratoncillo, el mentado y sin embargo desconocido y nunca entendido Pacto Local, se ha convertido en una criatura mediática abriendo de nuevo el debate sobre la utilidad de las diputaciones al frente de la división territorial provincial.

Nuestra Constitución, en su artículo 141.2 dice: “El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a las Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo”.

La Ley de Bases de Régimen Local vigente desde 1985 y en la misma línea el Anteproyecto de Ley Básica del Gobierno y Administración Local, actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados, dicen que las Diputaciones Provinciales tendrán las competencias que le atribuyan las leyes del Estado y de las Comunidades autónomas, y en cualquier caso las relacionadas con los municipios de su ámbito territorial, que ser reducen prácticamente a “la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad técnica y de gestión” y “la coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral…” todo lo demás son florituras, gastos innecesarios y otros derroches.

Y hablando de gastos e ingresos de las diputaciones provinciales, resulta que en nuestra comunidad Autónoma éstas forman su presupuesto esencialmente con aportaciones de otras administraciones: Unión Europea a través de programas concretos, del Estado mediante participaciones en ingresos del IRPF, IVA, Combustibles, Tabaco, Bebidas Alcohólicas y otros tributos del Estado, de la Junta de Castilla y León para atender competencias delegadas en su mayor parte, y por último de aportaciones de los Ayuntamientos de la provincia, quienes además de recaudar para la Diputación el 40% de recargo en los recibos del Impuesto de Actividades Económicas que se devenguen en sus términos municipales respectivos, con el consiguiente desánimo para el establecimiento de nuevas empresas, se ven obligados a pagar por todos y cada uno de los servicios que la Diputación les presta, aún siendo su obligación y competencia fundamental atender “jurídica, económica y técnicamente a los municipios”.

El exceso de cascadas administrativas hace que los dineros públicos procedentes de los impuestos se vayan quedando perdidos en cada plato por el que escurren de uno a otro. En concreto y para ejemplo un botón, veamos el recientemente explicado a los medios de comunicación y subrepticiamente entregado a los grupos de la oposición, presupuesto de la Diputación provincial de Palencia.

En él observamos que el 87% de sus ingresos proceden de otras administraciones y del endeudamiento, concretamente su 76% procede de la Unión europea, Estado, Junta y Ayuntamientos, y el restante 11% de nuevos préstamos que concertará en el 2006 con entidades financieras para ampliar holgadamente su no pequeña deuda, mientras que tan sólo un 13% procede de ingresos propios que para más INRI son en su mayoría lo que cobra a los ayuntamientos de la provincia por cada gestión que ellos solos no pueden hacer frente, y de la venta del poco patrimonio que posee.

Por otro lado podemos observar en los gastos, que del total presupuestario se gasta el 55% en personal, funcionamiento y pago de la deuda. ¿Que quiere esto decir?, que el balance sobre la eficacia y eficiencia de la Diputación arroja un saldo altamente negativo, no es rentable. Y no lo es porque recibe y gasta en su gestión más dinero que el que reparte e invierte en la provincia.

Las diputaciones están contempladas en la constitución y por ende han de ser respetadas pero su mecánica de funcionamiento debe cambiar porque además de resolver poco o nada a los municipios que son su razón de existir están enfocadas como una fuga de dinero público y escaparate personal de quienes las encabezan. «Diario Palentino, 11 de diciembre de 2005»